La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha comenzado a devolver 519 millones de euros a las empresas tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Impuesto de Sociedades. Esta sentencia ha tenido un impacto significativo en la recaudación, y la AEAT está trabajando para cumplir con las devoluciones ordenadas por el fallo judicial.
Además de estas devoluciones, la AEAT también ha reembolsado otros 472 millones de euros a los pensionistas. Estos reembolsos están relacionados con sentencias del Tribunal Supremo de febrero de 2023 y de enero y abril de este año, que obligan a la Administración a devolver el IRPF que no pudieron deducirse anteriormente por las aportaciones a antiguas mutualidades. Estas sentencias han sido cruciales para asegurar que los pensionistas reciban las devoluciones que les corresponden.
Sin embargo, en lo que respecta al Impuesto de Sociedades (IS), la Administración solo ha devuelto hasta el momento el 18% de lo previsto. El Ministerio de Hacienda había estimado que la sentencia del TC resultaría en devoluciones totales de 2.838 millones de euros, lo que implica que aún queda un largo camino por recorrer para completar este proceso.
La devolución de estos impuestos supone un esfuerzo considerable para las arcas públicas, pero es una medida necesaria para cumplir con las sentencias judiciales y asegurar la justicia fiscal. Las empresas y los pensionistas que se han visto afectados por estas decisiones están comenzando a recibir los fondos que se les deben, lo que representa un alivio financiero significativo.
El proceso de devolución, aunque todavía en curso, es un paso importante hacia la resolución de estos temas fiscales pendientes. La AEAT y el Ministerio de Hacienda continúan trabajando para gestionar estas devoluciones de manera eficiente y efectiva, garantizando que todos los afectados reciban lo que les corresponde conforme a las sentencias judiciales.
Estas devoluciones subrayan la importancia de mantener un sistema fiscal justo y equitativo, en el que tanto las empresas como los individuos puedan confiar en que sus derechos serán respetados y protegidos. La Administración está comprometida a seguir adelante con este proceso hasta que todas las devoluciones estén completas y se cumplan plenamente las resoluciones judiciales.
