En la última década, los contribuyentes en España han perdido el miedo a llevar a la Agencia Tributaria a los tribunales. Así lo confirma un análisis reciente de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), que revela que entre 2014 y 2023 las sentencias desfavorables a Hacienda han tenido un coste medio de 1.005 millones de euros anuales para las arcas públicas.
¿Por qué pierde tanto el Estado?
El informe apunta a errores recurrentes en la formulación de políticas fiscales y normativas, así como a una extralimitación normativa, en la que la regulación administrativa ha superado en algunos casos lo que establece la ley. Esto ha derivado en importantes fallos judiciales en contra del Estado, como:
La sentencia sobre el canon hidráulico, que declaró nulo el cobro de este impuesto a determinadas empresas energéticas.
La resolución favorable a Endesa por la retribución de la energía, que reconoció un exceso de cobro improcedente por parte de la administración.
Más litigios, más transparencia
La tendencia refleja una mayor cultura jurídica y una creciente disposición de ciudadanos y empresas a defender sus derechos frente a actuaciones abusivas o erróneas de la administración tributaria. Este fenómeno, según los expertos, también debería servir como incentivo para mejorar la calidad técnica y jurídica de las normas fiscales y su aplicación.
Impacto económico
Además del coste directo por las sentencias desfavorables (que supera los 1.000 millones anuales), el aumento de litigios también implica una sobrecarga para los tribunales contencioso-administrativos y penales y genera una mayor inseguridad jurídica para empresas y contribuyentes.
Conclusión
El informe de la AIReF pone de manifiesto la necesidad de reforzar el rigor normativo y el control sobre la actuación tributaria, para reducir los fallos administrativos y judiciales que suponen un alto coste económico y reputacional para el Estado.
