El panorama fiscal actual se caracteriza por su creciente complejidad, lo que a menudo genera incertidumbre y errores involuntarios por parte de los contribuyentes. En este contexto, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia ha reforzado el concepto de «derecho al error» en el ámbito tributario, marcando un hito significativo para el sistema fiscal español.
La Sentencia del TSJ de Galicia
Esta sentencia subraya que la complejidad del marco fiscal debe considerarse al evaluar la culpabilidad de los contribuyentes en casos de errores tributarios. En el caso específico analizado, se determinó la devolución de 60.000 euros a un contribuyente al no apreciar culpabilidad en su actuación fiscal. Este fallo establece un precedente importante, destacando que los contribuyentes no deben ser penalizados injustamente cuando su error deriva de la dificultad inherente al sistema fiscal.
Un Marco Legal en Evolución
La sentencia se alinea con otros avances normativos recientes, como el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Fiscal de 2022 y la Propuesta 3/2022 del Consejo para la Defensa del Contribuyente. Estas iniciativas buscan promover un enfoque más equitativo y comprensivo hacia los contribuyentes, reconociendo el «derecho al error» como un principio clave para evitar sanciones desproporcionadas.
Implicaciones para Asesores Fiscales
Estos desarrollos ofrecen una herramienta valiosa para asesores fiscales y despachos profesionales. Los recursos contra sanciones tributarias podrán fundamentarse en estos nuevos principios, abriendo la puerta a la recuperación de cuantías significativas para los contribuyentes afectados. Además, esta tendencia refuerza la necesidad de un sistema fiscal más claro y accesible, que facilite el cumplimiento voluntario.
Hacia un Sistema Fiscal Más Justo
El reconocimiento del «derecho al error» representa un paso adelante en la humanización del sistema fiscal español. Este principio no solo protege a los contribuyentes de sanciones indebidas, sino que también promueve un entorno de mayor confianza entre los ciudadanos y las administraciones tributarias. Con estos avances, se sientan las bases para un sistema más justo y equilibrado, que tenga en cuenta las dificultades reales que enfrentan los contribuyentes al navegar por un panorama fiscal tan complejo.
