ESPECIAL AUTÓNOMOS – Base de cotización

Distinguidos señores,

Nuevamente les recordamos que antes del 1 de Noviembre, tienen la oportunidad de modificar la base de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y la cuota a pagar, dentro de los límites permitidos según su edad.

Esta modificación tendrá efectos a partir del 1 de Enero de 2018.
(Insistimos en indicarles que existen 2 plazos anuales para la modificación de las mencionadas bases de cotización: Solicitudes presentadas antes del 1 de Mayo con efectos de 1 de Julio del mismo año, y solicitudes presentadas antes del 1 de Noviembre, con efectos del 1 de Enero del año siguiente).
Aprovechamos para avanzarles, que la proposición de Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo, en fase de tramitación en el Senado, tiene previsto aumentar de 2 a 4 el número de veces al año que los autónomos podrán cambiar de base de cotización. Pero esta medida no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2018.

Si están interesados en modificar la citada base y correspondiente cuota a pagar (con la finalidad de aumentar la base de cálculo de la jubilación, la baja de incapacidad temporal o cualquier tipo de prestación de la Seguridad Social), les agradeceríamos que nos lo hicieran saber con la máxima antelación posible.

Teniendo en cuenta la información facilitada, les recordamos que si desean aumentar su base de cotización, para cotizar por una más alta los últimos años de su vida laboral, hasta alcanzar la “edad ordinaria de jubilación”, deben solicitar el cambio el año en el que cumplen los 46 años, ya que si solicitan el cambio una vez cumplidos los 47 años, la elección de la base estará topada
a un máximo de 2.023,50€ en 2017.
El plazo para solicitar el cambio es hasta antes del 1 de Noviembre del año en el que cumplen los 46 años, ya que el cambio surtirá efectos a partir del 01 de enero del año siguiente.

Para cualquier aclaración o ampliación pueden contactar con nuestro despacho.

Atentamente,
AYCE CONSULTING

Nuevo régimen LOPD

Apreciados clientes,

El pasado mayo de 2016 entró en vigor el nuevo Reglamento Europeo General de Protección de Datos, y será de obligatorio cumplimiento a partir del 25 de mayo de 2018.

Esta norma pretende unificar la legislación de todos los países de la Unión Europea, y así evitar las actuales discrepancias de criterios y regímenes sancionadores según los distintos Estados miembros de la UE.

Este Reglamento implica grandes cambios respecto a la normativa actual, y es necesario que todas las empresas se adapten a este Reglamento antes de la fecha de aplicación. Hay que tener en cuenta que esta nueva norma supone un endurecimiento del régimen actual, dadas las nuevas medidas que se incorporan.

Algunas de estas medidas son: Derecho al olvido; medidas de seguridad que garanticen el tratamiento de los datos; evaluaciones de impacto; obligación de notificar violaciones de datos a la autoridad; endurecimiento de las sanciones…

Por ello, des de AYCE CONSULTING, S.L., a través de una abogada especializada en la materia que colabora con nosotros habitualmente, ofrecemos la posibilidad de realizar con nosotros las actualizaciones necesarias.

Para cualquier consulta, no dude en dirigirse a nuestro despacho.

Atentamente,

AYCE CONSULTING, S.L.

Modelo 720: declaración informativa bienes y derechos situados en el extranjero

Hasta el próximo 31 de Marzo, se abre el periodo para proceder a la presentación de la Declaración Anual sobre Bienes y Derechos situados en el Extranjero (Modelo 720) correspondiente al ejercicio 2016. ¡La ausencia de presentación de la declaración acarrea muy graves sanciones!.

1. OBLIGADOS A SU PRESENTACIÓN:

Aquellos contribuyentes que realizaron la presentación de esta declaración en años anteriores, tendrán que volver a presentarla en los siguientes supuestos:

Se haya producido un incremento de 20.000 euros en alguno de los tres bloques que agrupan los bienes obligados a declarar, respecto a la última declaración:

a) Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero.
b) Valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero.
c) Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.

Si alguno de los bloques anteriores nunca fue declarado y supera los 50.000 euros en los saldos o valores a 31/12/2016, saldos medios al cuarto trimestre o valores de adquisición de los diferentes tipos de bienes.

En todo caso, en años sucesivos será obligatoria la presentación de la declaración para aquellos bienes ya declarados y respecto de los cuales se cancela o extingue la titularidad.

Con carácter general, están obligados a realizar la declaración de bienes y derechos en el extranjero, las personas físicas, jurídicas y entidades que se indican a continuación y que sean titulares de bienes y derechos situados en el extranjero que determinen la obligación de presentar la declaración:

  • Personas físicas y jurídicas residentes en territorio español
  • Los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades no residentes.
  • Las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/5003, de 17 de diciembre, General Tributaria: las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición.
  • Los titulares de los bienes y los representantes, autorizados, beneficiarios y personas con poderes de disposición.

2. EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE DECLARAR:

  • Importe cuantitativo de 50.000 euros: ha de analizarse por grupos de activos (cuentas, valores e inmuebles).
  • Además, existen otras excepciones a la obligación de declarar aplicables en aquellos casos en que la Administración ya cuente con la información por otras vías:
  • o Cuando el bien o derecho estuviera registrado en la contabilidad del contribuyente de forma individualizada, separada del resto de activos y perfectamente identificada.
  • o Cuando la entidad financiera depositaria del bien o derecho esté domiciliada en España y se encuentre por sí misma obligada a declararlo a las autoridades fiscales.
  • Por último, también se encuentran exceptuadas de declarar las sociedades que gocen de exención subjetiva en el Impuesto sobre Sociedades.

3. REGIMEN SANCIONADOR:

La sanción por no presentar declaración es de 5.000 euros por dato, con un mínimo de 10.000 euros por cada grupo de bienes.

La sanción por presentar la declaración fuera de plazo es de 100 euros por cada dato o conjunto de datos, con un mínimo de 1.500 euros por cada grupo.

Sin embargo, la más grave de las consecuencias está prevista para aquellos que tengan bienes en el extranjero que permanecen ocultos a los ojos de la Administración Tributaria. Si ésta descubre que un contribuyente tiene bienes en el extranjero y no ha informado de ellos, Hacienda tratará el patrimonio no declarado como ganancia patrimonial no justificada tributable al tipo marginal del IRPF y, además, impondrá una sanción del 150%.

MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE FACTURAS A EMPRESAS Y PROFESIONALES

Hasta el 31 de diciembre de 2016, el plazo de remisión de las facturas en el supuesto de que el destinatario sea otro empresario o profesional era el de un mes desde de la fecha de expedición de las facturas. Es decir, que las facturas por operaciones realizadas el mismo mes debían emitirse antes del día 16 del mes siguiente. Y una vez expedidas, debían remitirse a los clientes en el plazo de un mes desde la fecha de emisión.

Le recordamos, pero,  que desde el 1 de enero de 2017, la Disposición final segunda del Real Decreto 596/2016 ha modificado el artículo 18 del Reglamento de facturación (Real Decreto 1619/2012). De esta manera, en el caso de que el destinatario sea un empresario o profesional, la factura deberá remitirse al mismo antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se ha producido el devengo del IVA correspondiente a la citada operación o en el caso de las operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se hubiera realizado la misma.

Por tanto, si usted emite las facturas de manera quincenal o mensual, tenga en cuenta que a partir de 2017 las facturas deben ser remitidas antes del día 16 del mes siguiente al de realización de la operación. Es decir, el plazo máximo para expedir y remitir las facturas es el mismo.

Ante cualquier consulta, no dude en contactar con nuestro despacho.

AYCE CONSULTING, S.L. 

Novedades sobre la protección por cese de actividad para los trabajadores autónomos

El Proyecto de Ley de Mutuas, desde el pasado agosto en trámite parlamentario, modifica el régimen jurídico del sistema de protección de los trabajadores autónomos frente al cese de actividad, regulado en la Ley
32/2010. Con las medidas pendientes de aprobación, se persigue suavizar los requisitos y formalidades que en la actualidad se exigen y que impiden en la práctica el legítimo disfrute del derecho, así como para ampliar su ámbito a beneficiarios excluidos del mismo y que sin embargo se encuentran en la situación de necesidad.

OBLIGATORIEDAD DE LA COBERTURA

Se establece la obligatoriedad de su cobertura, lo que por otro lado es más coherente que el imponer indiscriminadamente la carga de la protección obligatoria en aras de que se esté de alta o no en las contingencias profesionales o de accidente de trabajo.

Se prevé que la obligación de cobertura de contingencias profesionales sea regulada por normas de la Seguridad Social según aconsejen las características de la actividad.

SITUACIÓN LEGAL DE CESE DE ACTIVIDAD

Autónomos corrientes

El cese de actividad podrá ser definitivo o temporal. Se encontrarán en situación legal de cese de actividad todos aquellos trabajadores que cesen en el ejercicio de su actividad por alguna de las siguientes causas:

  • Concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional.
  • Pérdidas de derivadas del desarrollo de la actividad que determinen un resultado negativo negó en las cuentas de cierre del ejercicio o bien al momento de cese de la actividad. Al efecto se computarán los ingresos y gastos de un año completo, excluido el primer año de inicio.
  • Ejecuciones judiciales o administrativas tendentes al cobro de las deudas reconocidas por órganos ejecutivos, que comporten al menos el 30 % de los ingresos del ejercicio económico inmediatamente anterior.

 Declaración judicial de concurso

  • Fuerza mayor determinante del cese.
  • Pérdida de la Licencia Administrativa para el desarrollo de la actividad.
  • Cese por violencia de género.
  • Los familiares que ejerzan funciones de ayuda familiar en el negocio que hayan cesado involuntariamente, así como el cónyuge que ejercía esas funciones y que a consecuencia del divorcio o separación de su titular finalice las mismas.

Autónomos económicamente dependientes

Se encontrarán en situación legal de cese de actividad los trabajadores autónomos económicamente dependientes en los que sobrevenga cualquiera de las causas anteriormente descritas, en los siguientes supuestos:

  • Terminación de la duración convenida en el contrato o conclusión de la obra o servicio.
  • Incumplimiento contractual grave del cliente, debidamente acreditado.
  • Rescisión de la relación contractual adoptada por causa justificada o injustificada por el cliente (Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajador Autónomo)
  • Muerte, incapacidad o jubilación del cliente, siempre que impida la continuación de la actividad.

La situación legal de cese actividad, será de aplicación a los trabajadores autónomos que carezcan de reconocimiento de económicamente dependientes, y no declarados como tal, siempre que se pueda acreditar que el nivel de ingresos procedentes de un mismo cliente, será al menos del 85 % de sus rendimientos por trabajos o actividad económicas o profesionales.

Cargos de consejeros o administradores de sociedades

En estos casos, la situación legal de cese de actividad, se producirá cuando cesen involuntariamente en el cargo o en la prestación de servicios a la sociedad y, en todo caso, finalice la actividad personal y retribuida que originó el alta.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EJERCITAR LA PRESTACIÓN DE CESE ACTIVIDAD

  • Estar afiliados y en situación de alta en el Régimen de Autónomos.
  • Hallarse al corriente en pago de cuotas a la Seguridad Social. Si en la fecha de cese no se cumpliera este requisito, se invitará al pago para su regularización en el plazo improrrogable de 30 días naturales. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.

 

EFECTOS DE LA PROTECCIÓN Y FINANCIACIÓN

• La protección por cese de actividad se financiará exclusivamente con cargo a la cotización por dicha contingencia. La fecha de efectos de la cobertura comenzará a partir del primer día del mismo en el que sea Formalizada.
SITUACIONES NO CONSIDERADAS

  • Ceses de actividades voluntarias.
  • Autónomos económicamente dependientes o asimilados, que tras cesar su relación con el cliente y percibir la prestación por cese de actividad, vuelvan a contratar con el mismo cliente en el plazo de un año, a contar desde el momento en que se extinguió la prestación, en cuyo caso deberán reintegrar la prestación recibida.

TIPO DE COTIZACIÓN

El tipo de cotización de la protección por Cese de Actividad, se establecerá en los Presupuestos Generales del Estado, y será entre un 2,2% y un 4 %, recaudado por la Tesorería General de la Seguridad Social conjuntamente con el resto de las cuotas del autónomo.

 

DURACION y CUANTÍA DE LA PRESTACION ECONOMICA

No se especifican cambios en esta materia en el Proyecto de Ley, por lo que reproducimos lo que hoy en día se encuentra en vigor:

La cuantía será del 70 % de la base reguladora de la prestación económica por cese de actividad (promedio de las bases por las que se hubiera cotizado durante 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación).

El trabajador ya no tendrá que ir semanalmente a recoger partes de incapacidad temporal a su centro de salud

Con fecha del día 18 de Julio ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, junto el proyecto de ley de reforma de las mutuas colaboradores de la Seguridad Social, Real Decreto que recoge la gestión de Incapacidad  temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de duración, que entrará en vigor el próximo día 1 de septiembre.

Esta medida modifica los plazos de expedición de los partes de baja/alta/confirmación, que a partir de este momento se ajustarán en previsión de la duración del proceso de enfermedad, según la tabla que se indica a continuación:

  • La baja mínima será de cinco días.- En este caso se podrá expedir el parte de baja y alta en la misma visita.
  • Entre cinco y treinta días.- El parte de confirmación de la baja deberá expedirse cada dos semanas.
  • Entre treinta y uno y sesenta días.- El parte de confirmación se emitirá cada veintiocho días.
  • En más de 61 días .- El parte de confirmación se expedirá cada treinta y cinco días.

Asimismo a partir de la entrada en vigor del mencionado Real Decreto Las mutuas podrán controlar a las personas de baja desde el primer día. Hasta este momento solo podían intervenir a partir del decimosexto día.